El sector financiero y bancario ha sido una de las industrias tradicionales que mejor ha aprovechado las oportunidades ofrecidas por las tecnologías de la información. En los últimos años, hemos visto una proliferación de métodos de pago innovadores, plataformas de financiación alternativa, sistemas automatizados para la gestión de créditos y cobranzas, además de avances en áreas como el trading de valores, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la planificación patrimonial, los seguros y la ciberseguridad. Estas innovaciones han redefinido las operaciones financieras a nivel global, permitiendo a las instituciones aumentar su eficiencia, reducir costos y ofrecer servicios más personalizados a sus clientes.

Sin embargo, en Costa Rica, la adopción de estas tecnologías ha sido más lenta en comparación con otras economías de la región. La transformación digital del sector financiero costarricense no ha avanzado al ritmo que demanda el mercado, situando al país en una posición rezagada frente a sus pares que han implementado marcos regulatorios y políticas de fomento tecnológico más proactivos.

Tres factores principales destacan como obstáculos en este proceso de adopción:

1. falta de regulación adecuada

El sistema financiero costarricense se basa en un marco normativo robusto, con leyes como la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (N.º 7558) y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (N.º 1644), que regulan las actividades del sector y asignan funciones a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). A lo largo del tiempo, nuevas legislaciones han cubierto áreas clave como la legitimación de capitales (Ley N.º 8204), las entidades financieras no bancarias (Ley N.º 5044) y las cooperativas (Ley N.º 7391).

No obstante, pese a contar con una estructura legal estable, Costa Rica aún no ha desarrollado un marco regulatorio que abarque las innovaciones tecnológicas en el sector financiero. Proyectos de ley relacionados con criptoactivos, letras de cambio y pagarés electrónicos han sido presentados, pero no se han implementado de manera efectiva. En contraste, países como México, Chile y Ecuador han promulgado leyes Fintech que regulan activos virtuales y plataformas tecnológicas financieras.

México, pionero en la región, aprobó en 2018 la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que abarca desde criptomonedas hasta entornos regulados para pruebas controladas, conocidos como "sandbox". Chile introdujo su propia ley Fintech en 2023, y Ecuador también ha avanzado en la regulación de plataformas financieras tecnológicas. En cambio, Costa Rica aún no cuenta con un marco regulatorio similar, lo que ha limitado su capacidad para adaptarse a la transformación digital del sector financiero.

2. desconfianza y desconocimiento

Tanto los usuarios como las instituciones financieras costarricenses han mostrado reticencia a adoptar nuevas soluciones digitales. La desconfianza en la seguridad de los sistemas y el desconocimiento de cómo funcionan estas innovaciones han frenado su adopción en el país. En muchos casos, la percepción de riesgo supera los beneficios potenciales, creando una barrera cultural difícil de superar. Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, las entidades financieras en Costa Rica se encuentran entre las fases de "competencia" y "interés" en el proceso de adopción de tecnologías Fintech. Esto significa que las instituciones financieras aún ven a las Fintech como competidoras en lugar de colaboradoras. El estudio reveló que el 50% de las startups Fintech costarricenses perciben una débil colaboración con los bancos públicos, y el 39% afirma que no existe ningún tipo de cooperación con ellos.

Este escenario revela la necesidad de acelerar el proceso de adopción tecnológica para cerrar la brecha entre las Fintech y las instituciones tradicionales, fomentando una mayor colaboración.

3. acceso limitado a capital

Las startups Fintech, motores clave de innovación en los mercados globales, enfrentan grandes obstáculos para acceder a financiamiento en Costa Rica. En ausencia de un ecosistema financiero que respalde estas iniciativas, muchas de estas empresas emergentes no logran desarrollarse ni expandirse.

Mientras que en América Latina el 60% de las Fintech logran financiamiento a través de inversionistas ángeles, aceleradoras o incubadoras, en Costa Rica solo el 15% accede a este tipo de capital. Esto sugiere que el ecosistema costarricense aún está en una fase incipiente, en comparación con países como México o Brasil, donde el capital de riesgo ha sido fundamental para el surgimiento de potencias Fintech.

El hecho de que muchas startups Fintech en Costa Rica dependan de financiamiento bancario tradicional, que a menudo es conservador y poco flexible, limita la capacidad de innovación del sector. Es crucial fortalecer las redes de inversores y crear un entorno favorable para el crecimiento de estas empresas.

Conclusión

Estos desafíos, aunque significativos, no son insuperables. Costa Rica tiene una oportunidad única para ponerse al día con la región en la transformación digital del sector financiero. Para ello, es esencial desarrollar un marco regulatorio que fomente la innovación, promover la adopción de nuevas tecnologías y garantizar el acceso a capital para las startups Fintech. Solo así el país podrá posicionarse como un actor relevante en el panorama financiero global.